Transportes Centropuerto Limitada presentó una consulta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) cuestionando el ingreso del Sistema RED al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, al considerar que no se están garantizando condiciones equitativas en el mercado del transporte de pasajeros hacia y desde el terminal aéreo.
La acción fue ingresada el pasado 20 de febrero como una consulta no contenciosa, en el marco de las bases de licitación del servicio de transporte público que conectará Santiago con el aeropuerto. La compañía, que actualmente opera traslados hacia el recinto, advirtió que la incorporación de buses RED generaría riesgos para la libre competencia.
Según expuso la empresa, el sistema estatal ingresaría con ventajas estructurales, particularmente por contar con subsidio público, lo que le permitiría fijar tarifas más bajas que las que podrían ofrecer operadores privados en el proceso licitatorio 2025.
Centropuerto también argumentó que los operadores de RED estarían exentos de ciertos costos operacionales exigidos a los oferentes privados, como la presentación de boletas de garantía, la contratación de seguros operacionales y el pago por pasada en el aeropuerto. A ello sumó diferencias en las exigencias relativas a la antigüedad de la flota, que —según la firma— no serían equivalentes para todos los actores.
Otro punto planteado en la presentación fue la falta de información clara respecto al inicio de operaciones del servicio público en el aeropuerto, lo que, a juicio de la empresa, genera incertidumbre económica y operacional que dificulta la elaboración de ofertas competitivas.
En este contexto, Centropuerto solicitó al TDLC suspender el proceso licitatorio del servicio de transporte público en buses hacia el aeropuerto capitalino, con el objetivo de evitar que continúe su ejecución mientras se revisan las condiciones denunciadas.
Tribunal descarta suspender la licitación
El TDLC rechazó la medida cautelar solicitada por la empresa, señalando que no se presentaron antecedentes suficientes que permitan presumir una afectación a la competencia o al interés general.
En su resolución, el organismo indicó que los argumentos relacionados con eventuales asimetrías frente al Sistema RED y la incertidumbre del proceso no acreditan, en esta etapa, efectos negativos que justifiquen intervenir o paralizar la licitación.
No obstante, el tribunal ofició al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y a la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel para que aporten antecedentes en el marco de la consulta presentada, otorgándoles un plazo de 20 días hábiles para responder.
Nota Editorial: *Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
