La tragedia ocurrida la mañana del jueves 19 de febrero en la comuna de Renca, donde un camión que trasladaba gas licuado volcó y posteriormente explotó, dejó al menos 11 personas fallecidas, decenas de heridos y graves daños en una de las principales vías de la Región Metropolitana. Más allá del impacto humano y material, el hecho volvió a instalar un debate de fondo sobre las debilidades estructurales en la gestión del transporte de sustancias peligrosas en zonas urbanas densamente pobladas.
El siniestro activó un amplio despliegue de emergencia y concentró la atención pública en las causas inmediatas del accidente, como la eventual velocidad del vehículo, una maniobra imprudente o la responsabilidad del conductor. Sin embargo, especialistas advierten que centrar la discusión exclusivamente en esos factores resulta insuficiente frente a un evento de esta magnitud.
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En actividades altamente reguladas como el transporte de cargas peligrosas, los accidentes de alto impacto rara vez responden a una única falla. La experiencia comparada indica que suelen ser el resultado de debilidades acumuladas en distintas capas del sistema, que se alinean en un momento crítico.
Chile dispone de un marco normativo específico para esta actividad. El Decreto Supremo N°298 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones establece exigencias sobre rotulación, condiciones técnicas de los vehículos, capacitación obligatoria para conductores, documentación de la carga y medidas de seguridad durante el trayecto. Además, contempla dispositivos de registro de velocidad, planificación de rutas para evitar zonas de alta congestión y responsabilidades directas del conductor respecto de la integridad del transporte.
No obstante, el punto central no radica únicamente en la existencia de la norma, sino en la eficacia real de los mecanismos de fiscalización y supervisión que aseguren su cumplimiento permanente. En entornos de alto riesgo, la seguridad depende de la capacidad de detectar desviaciones antes de que se transformen en tragedias.
El transporte de gas licuado implica movilizar una sustancia con alto potencial energético. Una liberación súbita puede generar efectos térmicos y de sobrepresión en un radio significativo, como quedó en evidencia tras la explosión en Renca, donde se reportaron daños a decenas de vehículos y afectación en un perímetro de cientos de metros.
Desde la perspectiva de la gestión del riesgo de desastres, este tipo de eventos no solo pone a prueba la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia, sino también la solidez del ciclo preventivo: identificación de peligros, evaluación de impactos, implementación de medidas de mitigación y monitoreo constante de su efectividad.
El problema se agrava cuando confluyen tres elementos: sustancias de alta peligrosidad, entornos urbanos densamente habitados y elevada exposición poblacional. La reciente tragedia reúne esas condiciones, evidenciando la vulnerabilidad de corredores logísticos que atraviesan zonas residenciales y de alto flujo vehicular.
Aunque el país ha avanzado en institucionalidad para la reducción del riesgo de desastres, la integración sistemática de los riesgos tecnológicos —como el transporte de sustancias peligrosas— en la planificación territorial y preventiva sigue siendo desigual. En la práctica, la gestión continúa abordándose desde una lógica sectorial, lo que dificulta una mirada integral.
Tras este tipo de emergencias, la discusión suele centrarse en responsabilidades individuales o en fallas mecánicas. Si bien esa investigación es necesaria, expertos coinciden en que un sistema realmente seguro requiere múltiples capas de protección: monitoreo continuo, control efectivo de rutas y velocidades, gestión de fatiga, fiscalización disuasiva y coordinación territorial ante escenarios tecnológicos complejos.
El modelo chileno combina obligaciones del operador con controles estatales de carácter muestral. Este esquema puede resultar adecuado en actividades de riesgo moderado, pero genera cuestionamientos cuando se trata de cargas con potencial de daño masivo en zonas urbanas.
El despliegue posterior al accidente evidenció la capacidad de respuesta de los organismos de emergencia, especialmente de Bomberos. Sin embargo, también dejó al descubierto la necesidad de fortalecer la prevención y anticipación, incorporando estos riesgos de manera consistente en los instrumentos de planificación y análisis territorial.
Las investigaciones en curso determinarán las responsabilidades específicas del accidente en Renca. Pero limitar la discusión a las causas inmediatas podría impedir una revisión más profunda del sistema. En seguridad, los eventos de alto impacto suelen ser la manifestación visible de fragilidades acumuladas.
El desafío pendiente no es solo contar con normativa suficiente, sino asegurar su cumplimiento efectivo y avanzar hacia una gestión verdaderamente preventiva, territorial y multisectorial. La interrogante de fondo es por qué, pese a conocer los riesgos asociados al transporte de sustancias peligrosas, el país continúa reaccionando después de la tragedia y no antes.
Nota Editorial: *Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
