Chile fue incluido en un informe de la Casa Blanca que identifica supuestos “corredores latinoamericanos” utilizados para el transbordo de mercancías chinas hacia terceros mercados. El documento, titulado The Great Transshipment Scam y publicado el 13 de agosto de 2026, ubica al país en un tercer nivel de riesgo, una clasificación que las autoridades chilenas cuestionaron al señalar que Santiago no fue consultado durante la elaboración del análisis.
La Cancillería chilena manifestó que no comparte las conclusiones del informe. Sin embargo, la inclusión del país abre una discusión técnica sobre la capacidad de las autoridades aduaneras y de las empresas para demostrar la trazabilidad de las mercancías y acreditar correctamente el cumplimiento de las reglas de origen establecidas en los tratados de libre comercio.
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El enfoque estadounidense pone especial atención en la detección de patrones de riesgo vinculados con el origen y las rutas utilizadas por las mercancías. Bajo esta perspectiva, instituciones como la transformación sustancial y el transporte directo adquieren mayor relevancia en los procesos de fiscalización.
No obstante, la presencia de mercancías, insumos o capitales de origen chino en una cadena productiva no constituye, por sí sola, una prueba de fraude o de incumplimiento. Estos elementos pueden ser considerados señales para una evaluación de riesgo, pero deben ser analizados conforme a las reglas de origen aplicables a cada producto y acuerdo comercial.
Una interpretación automática de estos factores podría generar dificultades para las cadenas globales de suministro, especialmente cuando se utilizan componentes provenientes de distintos países. Las reglas de origen de los tratados están precisamente diseñadas para establecer qué proporción de contenido no originario puede incorporarse a una mercancía sin que esta pierda el acceso a preferencias arancelarias.
En este escenario, Chile podría utilizar la situación para fortalecer sus mecanismos de control y trazabilidad. La documentación relacionada con el origen de los insumos, los antecedentes de producción y los procesos de transformación puede resultar determinante frente a eventuales revisiones o auditorías de autoridades estadounidenses.
También adquiere importancia la cooperación entre empresas, operadores logísticos, agencias y el Servicio Nacional de Aduanas, junto con los mecanismos internacionales de intercambio de información. Estas herramientas permiten enfrentar eventuales operaciones ilícitas sin trasladar automáticamente las sospechas hacia actividades comerciales legítimas.
El debate también plantea una cuestión para la política comercial chilena. Mientras el informe estadounidense destaca la importancia de aplicar rigurosamente las reglas de origen contenidas en los tratados, esas mismas normas forman parte de acuerdos que establecen compromisos de acceso a mercados y preferencias arancelarias entre sus integrantes.
Para Chile, la discusión no se limita entonces a responder a la clasificación estadounidense. También representa una oportunidad para reforzar sus sistemas de trazabilidad, demostrar el cumplimiento de las normas de origen y defender la aplicación coherente de las obligaciones establecidas en los acuerdos comerciales internacionales.
Nota Editorial: *Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
Fuente: forbes.cl
