El reciente respaldo del Senado a la nueva Ley de Subsidio para el Transporte Público marca un hito crucial en la evolución del sistema de transporte en Chile. Con un enfoque renovado en la sostenibilidad y la equidad regional, esta legislación promete transformar la manera en que se financian y gestionan los sistemas de transporte público a lo largo del país. El foco de la ley se encuentra en la reestructuración del Fondo de Apoyo Regional (FAR), también conocido como Fondo Espejo, un cambio que traerá consigo beneficios significativos tanto para los usuarios del transporte como para las regiones más aisladas.
Reestructuración del fondo de apoyo regional
Una de las modificaciones más destacadas que introduce la nueva Ley es la reestructuración del FAR. Hasta ahora, este fondo se distribuía de manera menos específica, con solo el 18% de sus recursos destinados a infraestructura de transporte, renovación de flota y subsidios operacionales. La nueva ley cambia drásticamente esta proporción, estableciendo que al menos el 50% del Fondo Espejo debe ser utilizado exclusivamente para estos fines.
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Este cambio representa una inversión crucial en la mejora de los sistemas de transporte público en las regiones. El objetivo es claro: modernizar la infraestructura existente, renovar la flota de vehículos y subsidiar operaciones para que el transporte sea más accesible y eficiente. La otra mitad del fondo se destinará a proyectos de infraestructura y mejoras en la conectividad en zonas aisladas, como el mejoramiento de paraderos y otras instalaciones esenciales.
Reacciones y expectativas regionales
Héctor Silva, seremi de Transportes y Telecomunicaciones del Biobío, expresó su entusiasmo por la aprobación de la ley: “Estamos muy contentos porque nuestro Gobierno ha conseguido en el Parlamento la aprobación, con una mayoría, de la nueva Ley de Subsidio para el Transporte Público.” Silva destacó que esta ley obligará a los gobiernos regionales a destinar al menos el 50% del FAR a iniciativas que beneficien directamente al transporte público regional. Esto incluye la renovación de flotas, mejoras en el transporte público y otros proyectos destinados a reducir tarifas o generar servicios subsidiados.
Esta reestructuración no solo proporciona un financiamiento asegurado para la mejora del transporte público, sino que también promete una serie de beneficios tangibles para las regiones. Se espera que estos cambios resulten en una mejor calidad del servicio de transporte, una mayor cobertura y una reducción de las tarifas para los usuarios. La ley también permitirá abordar las necesidades específicas de cada región de manera más efectiva.
Equidad regional y desarrollo sostenible
El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, subrayó la relevancia de la ley en términos de equidad regional: “Una de las tareas que me pidió el Presidente Boric cuando me llamó para hacerme cargo de la cartera de Transportes y Telecomunicaciones fue: por favor, empareja la cancha entre Santiago y las regiones.” Este objetivo de reducir la brecha entre la capital y las regiones es un aspecto central de la nueva legislación. La ley busca no solo mejorar la infraestructura y los servicios de transporte en las regiones, sino también asegurar que estos avances sean equitativos y se distribuyan de manera justa.
Además de la reestructuración del FAR, la nueva ley incorpora la formación de comités de transporte regionales. Estos comités estarán vinculados directamente a los Gobiernos Regionales (Gores) y tendrán la responsabilidad de determinar los proyectos que se ajusten a las necesidades específicas de sus territorios. Esta medida promete una mayor adaptación de los proyectos a las realidades locales, promoviendo una visión integral de ciudad y una gestión más eficiente de los recursos.
Impulso a la electromovilidad y construcción de infraestructura
Uno de los aspectos más innovadores de la ley es su enfoque en la sostenibilidad a través de la electromovilidad. La nueva normativa facilita el financiamiento para la adquisición de buses cero emisiones en todas las regiones del país, con un énfasis especial en la electromovilidad. Este impulso hacia el transporte eléctrico es un paso importante hacia la reducción de las emisiones de gases contaminantes y el fomento de prácticas más ecológicas en el transporte público.
La ley también busca apoyar la construcción de infraestructura necesaria para estos vehículos eléctricos, como terminales y centros de carga. Estos proyectos no solo facilitarán el uso de buses eléctricos, sino que también contribuirán al desarrollo de una red de apoyo para la electromovilidad en todo el país. Este enfoque integral es clave para asegurar que la transición hacia un transporte más sostenible sea efectiva y esté bien respaldada por la infraestructura necesaria.
Beneficios a largo plazo y desafíos por venir
El impacto de la nueva Ley de Subsidio para el Transporte Público promete ser profundo y duradero. La reestructuración del FAR y el enfoque en la sostenibilidad no solo mejorarán la calidad del transporte público, sino que también contribuirán a una mayor equidad entre las regiones. La ley ofrece una oportunidad para transformar el sistema de transporte en Chile, haciendo que sea más eficiente, accesible y respetuoso con el medio ambiente.
Sin embargo, la implementación de estos cambios no estará exenta de desafíos. La gestión efectiva de los recursos, la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y la adaptación de los proyectos a las necesidades locales serán aspectos cruciales para el éxito de la ley. Será fundamental que los comités regionales y los Gobiernos Regionales trabajen de manera colaborativa y efectiva para asegurar que los objetivos de la ley se cumplan de manera satisfactoria.
Fuente: Diario Concepción
