En los últimos años, el sector de transporte de carga en Chile ha enfrentado una serie de desafíos significativos que amenazan con transformar la industria de manera profunda. Uno de los factores más cruciales ha sido la implementación de la Ley 21.561, conocida popularmente como la Ley de 40 Horas. Esta legislación, diseñada para reducir las horas laborales y fomentar un mayor equilibrio entre la vida laboral y familiar, ha generado una serie de inquietudes y problemas prácticos para las empresas de transporte y sus trabajadores. A pesar de las múltiples propuestas presentadas por gremios del sector, las autoridades no han respondido de manera efectiva a estas preocupaciones, lo que ha dejado a la industria en una situación precaria.
La Ley 21.561 modifica el Código del Trabajo mediante la adición de los artículos 25 bis y 26 bis, estableciendo nuevas normativas para los choferes y auxiliares de servicios de transporte, incluyendo la locomoción colectiva y el transporte de carga. Según el Diario Oficial, “la jornada ordinaria de trabajo de choferes de vehículos de carga terrestre interurbana no excederá de ciento ochenta horas mensuales, las cuales no podrán distribuirse en menos de veintiún días”. Esto implica que los conductores no podrán trabajar más de 180 horas al mes y no podrán conducir por más de 5 horas continuas.
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Esta normativa ha sido recibida con escepticismo y preocupación por parte de los gremios de transportistas. Freddy Martínez, presidente de la Federación de Camioneros Centro-Sur, subraya que la naturaleza del trabajo de transporte de carga requiere flexibilidad en los horarios debido a las imprevisibles condiciones de las rutas. “Los conductores salen de sus bases de carga y planifican su viaje según los tiempos que la ruta les va indicando, pero no siempre se realiza un registro riguroso”, explica Martínez. La falta de infraestructura adecuada y la inseguridad en las rutas, donde los conductores son frecuentemente víctimas de robos, complican aún más la implementación de esta ley.
Uno de los mayores desafíos que enfrentan los conductores de camiones es la inseguridad en las carreteras. Según Martínez, “no tenemos donde estacionar, por lo tanto, el descanso nuestro depende de dónde podamos pararnos, y los conductores están viajando y manejando ininterrumpidamente porque donde nos paramos nos asaltan”. Este problema es particularmente grave para aquellos que transportan cargas de alto valor, como el salmón. El 52% del salmón transportado llega a los puertos de la octava región desde Chiloé, en un trayecto de más de 650 kilómetros, mucho más que las 5 horas continuas permitidas por la ley. “Este tipo de camión es el más robado. De este tipo de carga, son al menos unos 100 camiones que estamos transportando al mes”, añade Martínez.
El gremio ha solicitado que la Ley de Infraestructura Crítica considere las carreteras debido al alto impacto económico de estos robos. También han pedido que las comisarías de Carabineros en las rutas frecuentadas por camioneros sean habilitadas con servicios básicos para la pernoctación de los trabajadores. “Lo primero es que se habiliten lugares donde exista la presencia policial para que puedan pernoctar los camiones con ciertas condiciones básicas: iluminación, una patrulla o una garita con carabineros, y que existan las condiciones básicas para las necesidades mínimas de nuestros choferes”, argumenta Martínez.
El impacto económico de los robos de camiones es devastador para los pequeños empresarios del transporte de carga. Según datos presentados por el gremio en el Congreso a comienzos de 2024, se roban aproximadamente 300 camiones al año, evaluados en unos $200 millones, lo que ha llevado a la quiebra a numerosas pequeñas empresas en el sector. “Aunque los camioneros poseen seguros que cubren entre el 60% y 70%, el porcentaje restante debe ser compensado por los dueños y choferes”, señala Martínez.
Daniel Meza, presidente de la Asociación de Transportistas Industriales Interportuarios de Chile, comparte una visión similar. “Tal vez en 2027 ni siquiera se piense en concretar esta ley para camioneros, porque ya estamos empezando a ver los estragos que están ocurriendo con la ley de las 40 horas en algunas empresas”, advierte Meza. Destaca que la ley no considera las particularidades de un país con más de 4.000 kilómetros de longitud, donde los conductores a menudo deben alojarse lejos de sus hogares, contraviniendo el objetivo de la ley de fomentar más tiempo en familia.
La desconexión entre la legislación y la realidad del transporte de carga es evidente. “Aquí hay una desconexión con la realidad. Nosotros tenemos un país que tiene más de 4.000 kilómetros de largo, lo que significa que hacer viajar conductores y dejarlos en hoteles o pensiones significa dejarlos lejos de sus casas; muy diferente a lo que busca esta ley que es pasar más tiempo en familia”, enfatiza Meza.
Los líderes gremiales coinciden en que no se realizarán cambios significativos hasta el año 2026 debido a las realidades del sector y los problemas persistentes de infraestructura y seguridad en las carreteras. “La realidad de la actividad, tanto como la problemática de la infraestructura y la inseguridad en las carreteras, no lo permite”, concluye Meza.
La Ley de 40 Horas presenta un desafío considerable para el sector de transporte de carga en Chile. A pesar de los esfuerzos de los gremios para adaptar las regulaciones a las realidades del sector, la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades y los problemas estructurales persistentes plantean serios obstáculos. Es imperativo que se adopten medidas prácticas y se escuche a los actores del sector para garantizar que la legislación no solo promueva un mejor equilibrio entre la vida laboral y familiar, sino que también considere las complejidades y desafíos específicos de la industria del transporte de carga.
Fuente: Diario Concepción
