El transporte público en Chile enfrenta una crisis de calidad y seguridad que afecta la dignidad de millones de usuarios en todo el país. Un estudio reciente realizado por la Universidad de Los Andes reveló que el 87% de los chilenos considera que la deficiente calidad del transporte público constituye un maltrato a su dignidad.
Las denuncias contra el transporte público han experimentado un alarmante aumento en los últimos años. Según datos del Ministerio de Transporte, en 2023 se registraron 24.814 denuncias, un incremento del 33% en comparación con el año anterior. Entre las principales quejas se destacan la conducción irresponsable y el maltrato hacia los usuarios.
La Región Metropolitana de Santiago concentra la mayor cantidad de reclamos, con un aumento del 65% en comparación con el año anterior. Sin embargo, el problema se extiende a nivel nacional, con un aumento significativo de denuncias en todas las regiones, excepto en algunas como Ñuble, La Araucanía y Magallanes.
También le puede interesar: Un compromiso imprescindible para el futuro del planeta
La falta de fiscalización y la escasez de conductores son dos de las principales razones detrás de esta problemática. Mientras que en el Gran Santiago, la operación del transporte público está regulada mediante licitación, en muchas regiones del país no se aplican las mismas normativas. Esto dificulta la intervención del Ministerio de Transporte en la mejora de la calidad del servicio.
En lugares como Valparaíso, las multas impuestas a los operadores alcanzaron los 13.571 millones de pesos en 2023, descontados de los subsidios mensuales que reciben. Sin embargo, según Oscar Cantero, presidente de la Confederación de Conductores de la Locomoción Colectiva de Valparaíso, la falta de conductores y las condiciones laborales precarias contribuyen a la crisis. La escasez de lugares para descansar, la falta de fiscalización y el estrés laboral son solo algunas de las dificultades que enfrentan los conductores en su día a día.
El transporte público en Chile requiere una intervención urgente para garantizar la dignidad y seguridad de los usuarios. Es fundamental implementar medidas efectivas de fiscalización y mejorar las condiciones laborales de los conductores para lograr un servicio público de calidad y confiable.
Fuente: The Clinic
