El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones anunció que realizará modificaciones al reglamento de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), conocida como Ley Uber, luego de detectar que su redacción actual podría provocar una drástica reducción en la oferta de servicios disponibles para los usuarios.
El ministro de Transportes, Louis de Grange, explicó que el reglamento —aprobado por la Contraloría y pendiente de publicación desde abril del año pasado— contiene una serie de restricciones que podrían dejar fuera a una gran parte de los conductores que hoy operan en plataformas de transporte.
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En conversación con La Tercera, el secretario de Estado señaló que, en su momento, solicitó al anterior titular de la cartera no publicar el reglamento en su versión original debido a los efectos negativos que podría generar en la industria y en los usuarios.
De acuerdo con la autoridad, la normativa incluye exigencias consideradas innecesarias, como limitaciones relacionadas con la antigüedad de los vehículos, requisitos de cilindrada y restricciones para operar entre comunas cercanas.
Estas condiciones, advirtió, podrían excluir a cerca del 85% de los vehículos y conductores actualmente activos en aplicaciones de transporte, lo que se traduciría en una fuerte disminución de la oferta del servicio.
Una reducción de esa magnitud tendría efectos directos en la experiencia de los usuarios. Según explicó De Grange, la menor disponibilidad de vehículos podría provocar un aumento significativo en las tarifas, una reducción de la cobertura territorial y tiempos de espera considerablemente más largos.
El ministro también alertó que el servicio podría concentrarse en determinadas zonas de mayor demanda —principalmente en sectores de mayores ingresos— dejando a otras comunas con acceso limitado o incluso sin cobertura.
Aunque el reglamento ya cuenta con la aprobación de la Contraloría, el Gobierno trabaja en una nueva versión que permita corregir estos problemas. Para avanzar en este proceso, el Ministerio de Transportes deberá coordinar los ajustes con la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y con el organismo contralor.
El objetivo de las modificaciones, explicó la autoridad, es evitar que millones de usuarios vean afectada su movilidad por una reducción significativa en la oferta de transporte por aplicaciones.
Entre los principales cambios que se analizan se encuentra la flexibilización de algunos requisitos técnicos, especialmente aquellos relacionados con la antigüedad de los vehículos y las exigencias de cilindrada para operar en las plataformas.
Además del impacto en el servicio, el ministro advirtió que la aplicación del reglamento sin ajustes también podría afectar el empleo. Según sus estimaciones, la tasa de desempleo podría aumentar desde el 8,3% hasta cerca del 9,3% si una gran cantidad de conductores queda fuera del sistema.
A esto se suma otra dificultad operativa: la implementación del reglamento exige una plataforma tecnológica estatal que aún no está completamente desarrollada, lo que impediría su aplicación inmediata.
“Si el reglamento se publicaba tal como estaba, obligaba a operar con vehículos prácticamente nuevos y con requisitos difíciles de cumplir. En la práctica, eso terminaba afectando seriamente a la industria de las aplicaciones de transporte”, concluyó De Grange.
Nota Editorial: Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
