El avance de la electromovilidad en Chile mantiene señales positivas, pero su consolidación dependerá de que la experiencia de uso responda al crecimiento del parque automotor eléctrico. En ese escenario, la disponibilidad y calidad de la infraestructura de carga aparecen como factores determinantes para sostener la transición hacia un transporte más eficiente.
De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), las ventas de vehículos enchufables registraron un incremento significativo: mientras en abril de 2025 representaban el 2,9% del total de ventas, en abril de 2026 alcanzaron el 10,2%. Este comportamiento refleja una mayor inclinación por tecnologías de menor costo operativo, impulsada también por el aumento sostenido en los precios de los combustibles y alineada con la tendencia regional.
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El fenómeno también se observa a nivel latinoamericano. Según el informe Global EV Outlook de la Agencia Internacional de Energía (IEA), durante 2025 las ventas de vehículos eléctricos en América Latina crecieron un 75%, impulsadas principalmente por una oferta más amplia de modelos accesibles provenientes de China.
Sin embargo, el desarrollo del mercado eléctrico enfrenta desafíos estructurales. Uno de los principales indicadores es la relación entre cantidad de vehículos eléctricos y cargadores públicos disponibles. Para mercados en etapas iniciales de adopción, la Unión Europea establece como referencia un máximo de 10 vehículos por punto de carga pública. Chile ya superó ese nivel en 2025 y para abril de 2026 alcanzó una relación de 15,6 vehículos por cargador.
Este escenario evidencia que el crecimiento del parque vehicular eléctrico está avanzando más rápido que la instalación de infraestructura pública. Aunque el país dispone actualmente de poco más de 1.500 cargadores, la cobertura continúa siendo limitada y con alta concentración en la Región Metropolitana.
Ante este panorama, una de las propuestas apunta a revisar el esquema de exención del permiso de circulación aplicado a vehículos eléctricos y redirigir parte de esos recursos hacia incentivos que aceleren la instalación de puntos de carga en zonas con menor cobertura.
Otro desafío clave es facilitar el acceso a la carga domiciliaria. Para muchos usuarios, cargar el vehículo en el hogar representa la opción más eficiente y económica, pero quienes residen en edificios enfrentan restricciones normativas y administrativas. En Chile existen más de 1,2 millones de departamentos, mientras que el parque de vehículos eléctricos supera las 26.000 unidades; sin embargo, solo se contabilizan 480 cargadores instalados formalmente en edificios residenciales.
Las exigencias establecidas por la Ley de Copropiedad para intervenir espacios comunes han dificultado estos proyectos, generando que una alta proporción no obtenga aprobación comunitaria. En este contexto, surge la necesidad de actualizar la normativa para permitir la instalación de cargadores mediante un mecanismo más expedito basado en aviso previo a la asamblea.
A esto se suma la necesidad de avanzar hacia esquemas de tarifas eléctricas horarias que incentiven una gestión más eficiente del consumo energético. La flexibilidad de carga de los vehículos eléctricos permite desplazar el uso hacia horarios con menor demanda y costos reducidos. Sin embargo, el modelo tarifario residencial vigente no promueve ese comportamiento.
Datos obtenidos de experiencias piloto indican que gran parte de las cargas domiciliarias se realizan entre las 20:00 y las 00:00 horas, precisamente cuando el sistema enfrenta mayores niveles de demanda. Un estudio del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI), desarrollado para el Centro de Movilidad Sostenible, concluye que la implementación de tarifas horarias podría ejecutarse sin modificaciones regulatorias de gran escala y permitir ahorros de hasta un 41% para usuarios que carguen sus vehículos durante el día.
Chile cuenta con ventajas competitivas para avanzar en la electrificación del transporte terrestre, entre ellas una amplia disponibilidad de energías renovables, marcos regulatorios definidos y una Ley de Eficiencia Energética que favorece el desarrollo de soluciones tecnológicas. No obstante, el crecimiento sostenido del sector dependerá de resolver brechas en infraestructura y generar señales económicas que acompañen la adopción masiva de esta tecnología.
Nota Editorial: *Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
Fuente: revistaei
