La Contraloría General de la República de Chile rechazó las modificaciones presentadas por el Ministerio de Transportes al reglamento de la denominada Ley Uber, al concluir que la propuesta no contaba con respaldo técnico, jurídico ni fáctico suficiente y que, además, no fue sometida a consulta pública.
La decisión representa un nuevo revés para la entrada en vigor de cambios regulatorios orientados a flexibilizar las condiciones de operación de las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), iniciativa que buscaba reducir restricciones para conductores y vehículos que operan mediante plataformas digitales.
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Mediante un oficio dirigido al ministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, la contralora Dorothy Pérez informó que el organismo resolvió no aprobar el decreto que introducía cambios al reglamento de los servicios nacionales de transporte público de pasajeros.
Entre las modificaciones observadas se incluían ajustes que reducían o eliminaban exigencias técnicas aplicables a los vehículos destinados a este tipo de servicio. Las medidas contemplaban cambios en los límites de antigüedad para operar, condiciones para la inscripción inicial y requisitos relacionados con la cilindrada mínima de los automóviles.
Según el análisis del órgano fiscalizador, estas flexibilizaciones implican una disminución de los estándares actualmente establecidos para el transporte de pasajeros, por lo que requerían una fundamentación más sólida para sustentar su adopción.
Ajustes regulatorios quedaron suspendidos
La propuesta impulsada por el gobierno de José Antonio Kast buscaba ampliar las condiciones para el ingreso y permanencia de vehículos dentro de las plataformas digitales.
Entre los cambios considerados estaba elevar de uno a cinco años la antigüedad máxima permitida para la primera inscripción de vehículos. También se planteaba extender de tres a cinco años el plazo para reemplazar automóviles, incorporando una excepción de hasta siete años para regiones extremas.
Asimismo, se proponía ampliar de 12 a 15 años la vida útil autorizada para operar y eliminar los requisitos mínimos vinculados con cilindrada y potencia del motor, igualando así las condiciones exigidas para taxis y vehículos asociados a aplicaciones de transporte.
Desde el Ministerio se argumentó que estas medidas facilitarían el acceso al sistema, disminuirían barreras de entrada y contribuirían a reducir posibles efectos sobre el empleo vinculado al sector.
Cuestionamientos por ausencia de consulta pública
Además de la falta de sustento técnico, la Contraloría cuestionó que el Ministerio no explicara por qué las modificaciones regulatorias no fueron sometidas a consulta pública, considerando el alcance de los cambios propuestos.
El organismo también solicitó incorporar plazos concretos para que los servicios de taxi comuniquen formalmente su vinculación con empresas de aplicaciones de transporte.
La Ley Uber fue aprobada en 2023, pero todavía no entra en operación debido a la falta de un reglamento definitivo. Aunque una versión anterior recibió aprobación de la Contraloría en abril del año pasado, esta no fue publicada en el Diario Oficial en medio de cuestionamientos técnicos y retrasos en el desarrollo de la infraestructura tecnológica requerida.
Con esta decisión, el proceso regulatorio vuelve a quedar abierto y el Ministerio deberá revisar el texto o presentar nuevos antecedentes para sustentar los cambios propuestos.
Nota Editorial: *Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
Fuente: mobiletime.la
