El pasado 15 de mayo, la diputada Carolina Marzán presentó un proyecto de ley que lleva el nombre de Alberto Gómez, un estudiante de 14 años que perdió la vida tras ser atropellado por un chofer de microbús bajo los efectos de estupefacientes en Valparaíso. Esta iniciativa, conocida como la Ley Alberto, busca implementar controles regulares de drogas para los conductores de locomoción colectiva.
En una reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá, los diputados Carolina Marzán, Luis Cuello y Andrés Celis, acompañados por la familia de Alberto Gómez, solicitaron la aceleración en la tramitación de esta ley. “Llegó la hora de que los dueños del transporte público tengan que tomar medidas para que aquellos que conducen, aquellos que llevan vidas, les hagan narco test o les hagan test que garanticen que no han consumido ningún tipo de droga y que están en condiciones aptas para conducir”, afirmó el diputado Andrés Celis.
El proyecto también incorpora aspectos de una moción paralela presentada por el diputado Luis Cuello, que propone la realización de test diarios de drogas y alcohol al inicio y al final de la jornada laboral de los choferes del transporte público. “Lamentablemente hemos constatado que hay muchos casos de conducción de transporte público mayor en las regiones y particularmente en Valparaíso bajo los efectos de las drogas y el alcohol, y desgraciadamente los controles preventivos del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) no son suficientes”, señaló Cuello.
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La trágica muerte de Alberto es el caso más reciente de una preocupante tendencia de irresponsabilidad al volante. Los parlamentarios subrayan que esta situación es grave y que se necesitan medidas urgentes para evitar más tragedias. Desde el Liceo Eduardo de la Barra, donde estudiaba Alberto, los estudiantes denuncian un trato hostil por parte de algunos choferes. “Nos tiran las monedas, no nos reciben el pasaje escolar y son cosas que no deberían suceder porque nosotros nos transportamos a un lugar de estudio, donde se supone que es seguro para nosotros. Entonces nosotros como estudiantes decimos que la educación digna también es un transporte seguro”, afirmó Mia Matus, vocera del Centro de Estudiantes.
La Ley Alberto representa un esfuerzo por garantizar que los conductores de transporte público estén en condiciones óptimas para realizar su trabajo, asegurando la seguridad de todos los pasajeros. La implementación de esta ley no solo es una cuestión de justicia para Alberto Gómez y su familia, sino también una necesidad urgente para prevenir futuros accidentes y mejorar la confianza en el sistema de transporte público.
Esta medida, si se aprueba, significará un cambio significativo en la forma en que se gestiona la seguridad en el transporte público, enviando un mensaje claro de que la seguridad y el bienestar de los pasajeros son prioridades absolutas.
Fuente: El Desconcierto.cl
