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Ley Uber en el limbo: Retiran reglamento por segunda vez en medio de críticas

Ley Uber
Crédito Imagen: UnSplash

El reglamento de la Ley de Empresas de Aplicación de Transportes (EAT), conocido popularmente como la “Ley Uber”, ha sido retirado nuevamente por el Ministerio de Transportes, generando un nuevo episodio en el intenso debate entre las autoridades y las plataformas de transporte. Esta decisión, tomada a solicitud de la Contraloría General de la República (CGR), refleja las tensiones y ajustes que enfrenta una normativa destinada a regular un sector que impacta directamente a miles de conductores y millones de usuarios.

El argumento oficial: Ajustes técnicos, no sustanciales

Desde el Ministerio de Transportes, se explicó que el retiro del reglamento no responde a las críticas formuladas por las aplicaciones, sino que obedece a la necesidad de atender observaciones realizadas por la CGR. Según un comunicado oficial, esta es una práctica común en la revisión de normativas complejas. “El retiro reciente tiene como objetivo subsanar las correcciones realizadas por el ente contralor y no guarda relación con las observaciones presentadas por terceros”, señalaron desde la cartera.

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Sin embargo, la afirmación no ha logrado calmar las aguas en un contexto donde plataformas como Uber, Cabify y DiDi han cuestionado públicamente los requisitos que introduce la nueva ley. Para estas empresas, la normativa impactará negativamente en la oferta de vehículos, incrementará los costos para los pasajeros y afectará la calidad del servicio, generando un descontento tanto en conductores como en usuarios.

Las plataformas redoblan su presión

Frente al escenario actual, las principales aplicaciones agrupadas en la Alianza In, liderada por la exsenadora Marcela Sabat, han intensificado sus esfuerzos para que la normativa sea modificada. Desde la semana pasada, estas plataformas han presentado observaciones formales ante la CGR, buscando frenar el avance del reglamento.

Cabify, una de las empresas más activas en este debate, ya envió sus comentarios a la Contraloría, buscando que el documento sea revisado nuevamente. Según representantes de la compañía, el retraso en la aprobación del reglamento es fundamental para evitar que entren en vigor medidas que consideran perjudiciales para el ecosistema del transporte.

Contraloría en el centro del debate

La solicitud de retiro del reglamento por parte de la contralora Dorothy Pérez ha sido interpretada como una señal de que el documento aún tiene aspectos por afinar. Este hecho, sumado a las críticas de las plataformas, ha generado una percepción de incertidumbre en torno a la capacidad del gobierno para implementar regulaciones efectivas en este sector.

Además, las aplicaciones han dejado claro que continuarán presionando a la CGR para que rechace el documento. “Esta normativa no solo impactará a los conductores que utilizan nuestras plataformas, sino también a los millones de usuarios que confían en estos servicios como su principal medio de transporte”, señaló un vocero de la Alianza In.

Un reglamento que busca equilibrar intereses

La Ley EAT, desde su concepción, ha tenido como objetivo principal establecer un marco regulatorio que permita la coexistencia de plataformas digitales y el transporte tradicional. Sin embargo, las múltiples idas y vueltas en su implementación reflejan las dificultades de equilibrar los intereses de todos los actores involucrados: conductores, usuarios, empresas tecnológicas y el Estado.

Mientras tanto, los usuarios y conductores permanecen en la incertidumbre, a la espera de un reglamento definitivo que defina las reglas del juego en este sector. Las plataformas, por su parte, advierten que cualquier decisión apresurada podría generar un aumento en los precios de los viajes y una reducción en la disponibilidad de vehículos, afectando directamente a los ciudadanos.

Un desenlace incierto

Con el retiro del reglamento por segunda vez, el futuro de la Ley Uber permanece en el aire. Si bien el Ministerio de Transportes insiste en que se trata de ajustes técnicos y no de una respuesta a la presión de las plataformas, lo cierto es que este episodio pone de manifiesto los enormes retos que enfrenta el gobierno para regular un sector dinámico y en constante evolución.

En las próximas semanas, será crucial observar cómo avanzan las negociaciones entre las autoridades, la Contraloría y las plataformas, y si finalmente se logra una normativa que satisfaga a todos los actores sin sacrificar la calidad del servicio ni el acceso de los usuarios. ¿Logrará la Ley Uber cumplir su cometido, o se convertirá en un caso más de regulación fallida? El tiempo lo dirá.