El reingreso del reglamento que regula a las Empresas de Aplicaciones de Transporte, conocido popularmente como “Ley Uber”, ha generado inquietud en el Congreso chileno debido a los cambios propuestos en su actualización normativa.
En la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, el legislador Fidel Espinoza manifestó su preocupación por las modificaciones incluidas en el nuevo marco regulatorio, señalando que estas podrían impactar tanto al transporte formal como a la seguridad vial. Durante su intervención, informó además el envío de una carta al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, firmada por un grupo de senadores y senadoras.
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De acuerdo con lo expuesto en la instancia legislativa, el nuevo reglamento —según información oficial del Gobierno de Chile— busca reducir barreras de entrada al sistema, flexibilizar la operación de las plataformas digitales y evitar eventuales efectos negativos en el empleo. Entre los cambios más relevantes se establece que los vehículos podrán tener hasta cinco años de antigüedad para su primera inscripción, ampliando el límite anterior de un año, además de eliminar exigencias relacionadas con la cilindrada y la potencia del motor.
Espinoza advirtió que estas modificaciones han sido objeto de análisis junto a representantes del transporte formal a nivel regional y nacional, quienes han expresado reparos frente a la mayor flexibilidad del sistema, especialmente en lo relativo a la oferta de vehículos en función de la demanda, aspecto que anteriormente se encontraba restringido mediante el congelamiento de cupos.
Si bien los parlamentarios reconocen la importancia de regular la actividad de las plataformas de transporte —que hoy constituye el sustento económico o complemento de ingresos para miles de personas—, también alertan sobre los posibles efectos de una liberalización excesiva del sector.
La carta enviada al ministro advierte principalmente dos riesgos: una posible saturación vehicular que podría agravar la congestión y la contaminación en diversas ciudades del país, y el aumento de la probabilidad de accidentes con mayores consecuencias materiales y humanas, debido a la incorporación de vehículos con menores estándares de seguridad.
Los legisladores subrayan que, de concretarse estos escenarios, no serían consecuencia directa de la ley, sino de una flexibilización excesiva de las normas, que bajo el objetivo de fomentar el empleo podría comprometer la seguridad de conductores, pasajeros y la calidad de vida en las ciudades. Asimismo, hicieron un llamado a revisar los puntos observados, advirtiendo que también podrían verse afectados los trabajadores del transporte de pasajeros, especialmente en regiones.
Nota Editorial: *Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
