La Asociación Nacional de Buses Interprovinciales, Internacionales e Industriales (ABI A.G.) advirtió que podría adoptar medidas más contundentes frente al incremento sostenido del precio del diésel y la ausencia de soluciones por parte del Gobierno. Su presidente, Juan Eduardo Quiroz, aseguró que las empresas del sector están llegando al límite de su capacidad financiera para asumir los mayores costos de operación.
La preocupación del gremio se intensificó ante la posibilidad de un nuevo incremento de aproximadamente $90 por litro, previsto para el jueves 22 de octubre y pendiente de confirmación por parte de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap). De materializarse este ajuste, el combustible acumularía un aumento cercano a los $400 por litro desde finales de julio.
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Quiroz sostuvo que las empresas transportadoras no pueden continuar absorbiendo indefinidamente el encarecimiento del combustible y advirtió que los pasajeros tampoco cuentan con capacidad económica para asumir incrementos adicionales en los costos del servicio.
El dirigente señaló que, pese a las reiteradas advertencias formuladas por el sector, las autoridades aún no han presentado medidas concretas para aliviar la presión económica que enfrenta la actividad transportadora.
Transporte industrial, entre los segmentos más afectados
ABI A.G. identificó al transporte industrial, encargado principalmente del traslado de trabajadores, como uno de los segmentos que enfrenta mayores dificultades por el aumento del diésel. Según la asociación, las empresas de esta actividad prácticamente agotaron las posibilidades de trasladar los sobrecostos a sus clientes.
Esta situación obliga a los operadores a cubrir con sus propios recursos una proporción cada vez mayor de los gastos de funcionamiento, lo que compromete la estabilidad financiera y la continuidad de algunas compañías.
El presidente del directorio del gremio advirtió que para determinadas empresas mantener sus operaciones bajo las condiciones actuales comienza a resultar inviable. Además, recalcó que el problema no corresponde a una coyuntura temporal, sino a un deterioro progresivo de la actividad debido al encarecimiento constante del combustible.
Ante este panorama, la asociación solicitó al Ejecutivo la adopción de medidas de alivio frente al costo del diésel, la revisión del tratamiento tributario del combustible para el transporte de pasajeros y la conformación de una mesa de trabajo con compromisos y plazos definidos.
El gremio insistió en que el sector necesita decisiones concretas y no nuevas reuniones en las que se repitan las dificultades ya expuestas. Aunque reiteró su disposición al diálogo, advirtió que esta voluntad no implica que las empresas puedan seguir asumiendo indefinidamente los incrementos de sus costos operativos.
Usuarios también podrían verse afectados
La asociación manifestó su preocupación por las consecuencias que la crisis podría tener para miles de personas que dependen de los servicios de buses para desplazarse hacia sus lugares de trabajo, centros educativos, instituciones de salud y otras localidades.
ABI A.G. recordó que las tarifas son establecidas de manera independiente por cada empresa, teniendo en cuenta sus costos, las condiciones de operación y las características de los servicios que presta.
El gremio aseguró que su intención es mantener la prestación del servicio, pero advirtió que para garantizar su continuidad se requieren condiciones económicas que permitan la sostenibilidad de las compañías.
Finalmente, la asociación reiteró que la falta de respuestas por parte del Gobierno está llevando al sector a considerar acciones más drásticas para conseguir que sus demandas sean atendidas. Por ahora, no se han especificado las medidas que podrían implementarse.
Nota Editorial: Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
