La posible entrada en vigor de la Ley EAT en las próximas semanas encendió las alertas en el sector del transporte por aplicaciones. Uber Chile advirtió que una implementación acelerada de la normativa podría traducirse en un aumento de precios para los usuarios y en la salida masiva de conductores, con efectos directos sobre el empleo y la movilidad en el país.
La regulación, que establece el marco para las Empresas de Aplicaciones de Transporte, fue promulgada en abril de 2023, aunque su puesta en marcha se ha postergado por más de dos años. Recientemente, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones adjudicó a la firma Arkhotech SpA el desarrollo de la plataforma tecnológica destinada al registro de conductores y vehículos. Sin embargo, la ley solo requiere la publicación de su reglamento en el Diario Oficial —ya visado por la Contraloría General de la República— para comenzar a regir.
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Desde la compañía, su gerente general en Chile, Federico Prada, manifestó su inquietud frente a la posibilidad de que el reglamento sea publicado en la recta final de la actual administración. A su juicio, avanzar sin una transición adecuada podría generar consecuencias económicas de gran magnitud. La empresa estima que las nuevas exigencias técnicas —entre ellas límites de antigüedad y cilindrada de los vehículos, además de la obligatoriedad de licencia profesional— dejarían fuera del sistema a cerca de 185 mil conductores.
Esa cifra equivale al 74% de las aproximadamente 250 mil personas que obtuvieron ingresos a través de la plataforma durante 2025. Según la proyección de Uber, una reducción de esa magnitud impactaría las tasas de ocupación a nivel nacional, pudiendo elevar el desempleo desde el actual 8% hasta el 10%. Asimismo, advierten que una menor oferta de conductores concentrada en zonas de mayores ingresos derivaría en un incremento inevitable de las tarifas para los usuarios.
Otro de los puntos críticos señalados por la empresa es la capacidad tecnológica para soportar la fiscalización. De acuerdo con los plazos establecidos tras la adjudicación, el sistema informático requerido demoraría al menos seis meses en estar operativo. Durante ese periodo, sostienen, no existirían las condiciones técnicas para gestionar y validar el volumen de documentación exigido por la normativa.
Ante este escenario, Uber llamó a que la próxima administración lidere un proceso de implementación gradual y ordenado, con el fin de evitar un impacto negativo en la movilidad urbana. La compañía advirtió que una aplicación sin preparación podría generar efectos similares a los problemas registrados en el inicio del Transantiago. Pese a las críticas, la firma confirmó que continuará operando en el país.
Nota Editorial: *Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
