Una investigación académica advierte que el transporte de peces vivos en la salmonicultura chilena presenta brechas regulatorias en el transporte de peces vivos y opera bajo una normativa interpretativa que dificulta la fiscalización, la estandarización y la prevención de riesgos sanitarios, pese al alto nivel técnico de la industria.
El análisis fue desarrollado por la médico veterinaria y magíster en Medio Ambiente y Bioseguridad en Acuicultura, Daniela Oyarzún, quien a través de su estudio comparativo sobre la normativa sanitaria que regula el traslado de peces vivos en Chile y otros países productores de salmón, plantea que el sector funciona con capacidades técnicas consolidadas, pero con un marco regulatorio insuficientemente robusto para garantizar control efectivo y prevención de riesgos.
Lea también: De Grange denuncia deuda de $30 mil millones en Transportes
De acuerdo con la investigación, gran parte de los procedimientos en el transporte de peces depende de protocolos internos de las propias empresas, muchas veces alineados con estándares de matrices extranjeras, más que de exigencias obligatorias a nivel nacional. Esto genera una aplicación heterogénea de criterios en materias de bienestar animal, bioseguridad y manejo operativo.
Oyarzún sostiene que el problema no se relaciona con la falta de conocimiento técnico en la industria, sino con la ausencia de una normativa clara, específica y fiscalizable. En ese sentido, señala que las reglas vigentes tienden a ser interpretativas y poco precisas, sin parámetros obligatorios sobre variables críticas como temperatura, oxígeno o densidad de carga durante el traslado.
La especialista advierte que esta falta de estandarización genera riesgos que no siempre son visibles de manera inmediata. Entre ellos, el estrés en los peces durante el transporte, el debilitamiento del sistema inmunológico, el aumento de la susceptibilidad a enfermedades y, en algunos casos, mayores niveles de mortalidad o pérdidas productivas que se evidencian en etapas posteriores del ciclo productivo.
Aunque existen tecnologías de monitoreo en tiempo real, como sensores, cámaras y sistemas de seguimiento, el estudio indica que estas herramientas no siempre están vinculadas a protocolos de respuesta inmediata. En consecuencia, las desviaciones en los parámetros de transporte pueden no ser corregidas oportunamente.
En materia de bienestar animal, la investigación compara la realidad chilena con países como Noruega, donde este aspecto se encuentra integrado en la legislación con indicadores claros y exigencias obligatorias. En Chile, en cambio, la Ley General de Pesca y Acuicultura solo aborda el concepto de forma general, sin establecer métricas concretas que permitan fiscalización efectiva.
Asimismo, el estudio identifica que la normativa nacional tiende a ser reactiva más que preventiva, lo que limita la capacidad del sistema para anticipar y corregir riesgos. La falta de registros estandarizados y de criterios uniformes en el transporte terrestre y marítimo profundiza esta brecha regulatoria.
Pese a ello, el análisis destaca como fortaleza el desarrollo tecnológico del sector, especialmente en sistemas de monitoreo continuo y trazabilidad. Sin embargo, advierte que gran parte de esa información no se utiliza plenamente para la toma de decisiones en tiempo real ni para generar alertas automatizadas que mejoren la gestión del transporte.
Finalmente, la investigadora plantea la necesidad de que el Estado asuma un rol más activo en la regulación del sector, estableciendo estándares obligatorios y homogéneos. A su juicio, avanzar hacia un modelo más preventivo y coordinado permitiría reducir riesgos sanitarios y mejorar la competitividad de la industria.
En este contexto, Oyarzún concluye que el desafío de la salmonicultura chilena no solo radica en mantener niveles productivos elevados, sino también en fortalecer el bienestar animal y la bioseguridad como pilares fundamentales del sistema productivo.
Nota Editorial: Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
