Chile aprobó una reforma al Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) que pone sobre la mesa una discusión relevante para el sector asegurador y del transporte: el alcance real de las coberturas obligatorias frente a escenarios de riesgo cada vez más complejos. Aunque la medida no tiene efectos legales en España, sí deja elementos de análisis sobre la capacidad de respuesta de los seguros ante accidentes graves.
La denominada Ley Jacinta (Ley 21.797) introduce cambios en la normativa de tránsito chilena y fortalece las prestaciones del SOAP. Entre las principales modificaciones destaca la duplicación de las indemnizaciones por fallecimiento, invalidez y gastos médicos derivados de accidentes de tráfico. Además, el plazo para efectuar el pago por fallecimiento se reduce de 10 a 7 días hábiles desde la entrega de la documentación requerida.
Lea también: SEA autoriza nuevas rutas logísticas para embarque de hierro desde Faena Mariposa en Atacama
La reforma aplica exclusivamente en Chile y no altera el marco regulatorio español ni las obligaciones de empresas del sector transporte en España. Sin embargo, plantea una reflexión sobre la evolución de los modelos de cobertura en mercados donde la operación logística y la exposición al riesgo han cambiado de forma significativa.
Más allá del cumplimiento normativo
En muchos casos, el seguro obligatorio se mantiene como una exigencia administrativa cuya revisión suele producirse únicamente cuando ocurre un incidente. La actualización chilena vuelve a poner el foco en una función esencial del seguro: ofrecer una respuesta efectiva cuando se produce un daño.
“Cada país tiene su propia legislación y no se puede trasladar una norma chilena al mercado español. Pero sí podemos observar qué problema intenta resolver: reforzar la protección de las personas y hacer que la respuesta del seguro sea más rápida y suficiente”, señaló Gerard Alegret Gordo, fundador y CEO de Segurzon.
Riesgos más complejos para una operación más compleja
La actividad del transporte ha evolucionado en los últimos años y hoy integra modelos operativos más diversos. Empresas principales, flotas subcontratadas, conductores externos, plataformas digitales y servicios de última milla forman parte de una estructura que incrementa la exposición y multiplica los escenarios de responsabilidad.
En este contexto, disponer de una póliza vigente no garantiza necesariamente que la cobertura sea adecuada. El reto para las compañías consiste en comprobar si el seguro responde al uso real de los vehículos, a los cambios operativos y a las nuevas condiciones del negocio.
Las dudas suelen aparecer cuando ocurre un siniestro: quién asume la responsabilidad, cuáles son los límites de indemnización, qué daños quedan cubiertos y si la póliza fue diseñada para una operación que ya no existe en los mismos términos.
La velocidad de respuesta también importa
Otro de los aspectos destacados de la Ley Jacinta es la reducción del tiempo para el pago de indemnizaciones por fallecimiento. La medida introduce un elemento clave en la gestión del riesgo: la rapidez con la que se activa la cobertura.
En el transporte, los tiempos pueden marcar la diferencia. Un accidente puede detener operaciones, generar costes inmediatos y desencadenar reclamaciones de terceros, trabajadores, clientes o familiares. Cuando la respuesta aseguradora se retrasa o presenta limitaciones, el impacto se amplifica.
Desde esta perspectiva, la experiencia chilena recuerda que el valor de una póliza no depende únicamente del coste o del cumplimiento legal, sino de su capacidad para actuar con claridad y agilidad ante situaciones críticas.
La revisión periódica de coberturas gana relevancia
Para las empresas de transporte, la principal lección no está en replicar el modelo chileno, sino en revisar si las coberturas actuales siguen alineadas con la realidad del negocio.
Aspectos como nuevas rutas, incorporación de vehículos, aumento de subcontratación, servicios urbanos o mayor dependencia tecnológica pueden modificar el nivel de exposición y exigir ajustes en la protección contratada.
Observar experiencias internacionales para anticipar riesgos
La reforma chilena no introduce cambios regulatorios fuera de su territorio ni modifica el funcionamiento del seguro obligatorio en España. Aun así, sirve como referencia para observar cómo otros mercados responden a desafíos vinculados con la protección de personas y la eficiencia de las coberturas.
Para el transporte español, el aprendizaje no pasa por una adaptación normativa inmediata, sino por entender que la evolución de la actividad exige una revisión constante de los mecanismos de protección. En un entorno con más actores, más tecnología y mayores exigencias operativas, actualizar las coberturas deja de ser una tarea secundaria para convertirse en una decisión estratégica.
Nota Editorial: *Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
Fuente: diariodetransporte.com
