La articulación entre organismos públicos, planificación urbana, sostenibilidad fiscal y participación privada fueron identificadas como factores determinantes para avanzar hacia sistemas de transporte más limpios, eficientes e inclusivos en América Latina. Así quedó planteado durante el primer panel de Latam Mobility Cono Sur 2026, denominado «Integración de la Movilidad Sostenible en el Conosur: Gobernanza y articulación para una agenda regional compartida».
El encuentro reunió a autoridades de Chile y Paraguay para analizar las condiciones necesarias para impulsar la transición hacia una movilidad sostenible y fortalecer la cooperación regional. La conversación fue moderada por Paola Tapia Salas, directora de Transferencia de CATLEC, y contó con la participación de Eduardo Koffmann, director nacional de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas de Chile; Emiliano Fernández, viceministro de Transporte de Paraguay; Marta Cabeza Vargas, superintendenta de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC); y Natalia Aguilar, subsecretaria de Vivienda y Urbanismo de Chile.
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Durante la apertura se destacó la necesidad de considerar factores como la resiliencia ante desastres naturales, además del desarrollo de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y la ciberseguridad, dentro de las futuras políticas de movilidad.
Chile apuesta por una mayor coordinación institucional
Uno de los principales desafíos abordados fue la fragmentación de las políticas públicas y la necesidad de generar mecanismos que permitan a los distintos ministerios trabajar bajo una visión común.
Eduardo Koffmann explicó que la rigidez de determinados marcos regulatorios puede dificultar la coordinación entre organismos públicos. En este contexto, destacó la creación del Comité Interministerial de Infraestructura, instancia encabezada por el Ministerio de Obras Públicas y cuya secretaría técnica está a cargo de la Dirección de Planeamiento.
El organismo reúne a 12 ministerios y busca coordinar las inversiones públicas, agilizar la tramitación de proyectos y establecer una cartera de iniciativas estratégicas con una perspectiva de largo plazo.
Según Koffmann, uno de los objetivos es que las prioridades de inversión respondan a criterios técnicos, económicos y estratégicos, independientemente de los ciclos políticos. Asimismo, invitó a CATLEC a participar como observador académico del proceso.
Paraguay utiliza su matriz energética para impulsar la electromovilidad
Desde Paraguay, el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, expuso los avances de la reforma del transporte público que desarrolla el país y destacó la estabilidad macroeconómica como una de las condiciones favorables para ejecutar cambios estructurales.
El funcionario también puso en valor la disponibilidad de energía renovable asociada a Itaipú, factor que entrega a Paraguay una ventaja para el desarrollo de la electromovilidad.
En materia de transporte público, señaló que actualmente circulan 90 buses eléctricos y que se proyecta incorporar otros 40 en el corto plazo. El país también cuenta con una nueva legislación de transporte, aprobada después de dos décadas, mientras avanza hacia la primera licitación orientada a incorporar buses eléctricos a mayor escala.
Fernández advirtió, sin embargo, que la transición debe considerar el equilibrio entre tres factores: tarifas accesibles para los usuarios, rentabilidad para los operadores privados y sostenibilidad fiscal para el Estado.
En ese sentido, sostuvo que la electrificación del transporte no puede reducirse a la adquisición de vehículos, sino que requiere analizar integralmente su implementación y viabilidad económica.
Seguridad e información, factores clave para la electromovilidad
Marta Cabeza Vargas destacó el papel de la SEC en la expansión segura de la electromovilidad en Chile. La entidad ha desarrollado capacidades específicas para enfrentar los desafíos vinculados con la transición energética y la infraestructura de recarga.
La superintendenta sostuvo que uno de los principales retos consiste en lograr que los usuarios perciban la electromovilidad como una alternativa atractiva. En esta tarea, consideró fundamental entregar información confiable sobre disponibilidad y condiciones de la infraestructura.
Entre las herramientas mencionadas se encuentra Ecocarga, aplicación desarrollada por la SEC junto con la Agencia de Sostenibilidad Energética que permite consultar los puntos de carga disponibles en el país.
Cabeza también resaltó los avances de Chile en infraestructura de recarga y recordó que las instalaciones deben cumplir procesos de certificación de seguridad.
Planificación urbana debe acompañar la transformación del transporte
Natalia Aguilar, subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, señaló que las políticas habitacionales deben integrarse con el transporte, la infraestructura y los servicios públicos para mejorar efectivamente la calidad de vida de las personas.
La funcionaria planteó que entregar una vivienda no es suficiente si esta no cuenta con accesos adecuados y una conexión apropiada con otros servicios.
Aunque reconoció la importancia creciente de la electromovilidad en el desarrollo de nuevos proyectos urbanos, señaló que la prioridad del ministerio continúa siendo la vivienda social. Al mismo tiempo, destacó la necesidad de mantener una coordinación permanente con otras instituciones y de resguardar la responsabilidad fiscal.
Nuevos modelos de financiamiento para acelerar la transición
El financiamiento y las condiciones para incentivar la inversión privada también fueron parte del debate.
En el caso del transporte de carga, Koffmann explicó que la adopción de camiones eléctricos depende principalmente de decisiones empresariales. Si bien estos vehículos pueden ofrecer menores costos durante su ciclo de vida, las actuales restricciones de peso en Chile pueden reducir su competitividad debido al peso adicional de las baterías.
Ante esta situación, los ministerios de Obras Públicas y Transportes analizan alternativas para flexibilizar la normativa sobre peso máximo, con el propósito de permitir que las empresas evalúen la tecnología eléctrica principalmente por sus ventajas económicas.
Fernández coincidió en la necesidad de evaluar el costo total de propiedad durante toda la vida útil de los vehículos, en lugar de concentrarse únicamente en el desembolso inicial. A su juicio, los beneficios económicos, sociales y ambientales de la electromovilidad deben traducirse en cifras que permitan sustentar las decisiones de inversión pública.
El panel concluyó que la generación de información, la certificación de infraestructura, la planificación urbana integrada y la coordinación entre los sectores público y privado son elementos esenciales para consolidar la transición.
Las experiencias presentadas por Chile y Paraguay evidenciaron que la cooperación regional puede contribuir a superar las diferencias institucionales y acelerar la adopción de soluciones de movilidad más sostenibles.
La construcción de mecanismos de gobernanza coordinada y el desarrollo de reformas estructurales aparecen así como componentes centrales para avanzar hacia sistemas de transporte más conectados, eficientes y ambientalmente sostenibles en el Conosur.
Nota Editorial: *Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
Fuente: latamobility.com
