La seguridad se ha convertido en un factor estratégico para la competitividad y resiliencia del sistema logístico chileno. Así lo planteó el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, durante Enloce 2026, instancia en la que identificó cinco desafíos prioritarios: robo de carga, crimen organizado y contrabando, ciberataques, trazabilidad e institucionalidad.
La autoridad destacó la relevancia económica de la actividad logística y su estrecha relación con el comercio exterior. Según los antecedentes expuestos, la logística vinculada a los mercados internacionales representa cerca del 4% del PIB, mientras que cada dólar destinado a este sector puede generar beneficios equivalentes a 2,5 veces esa inversión.
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En este contexto, Mackenna sostuvo que el país debe anticiparse al crecimiento de la demanda y desarrollar infraestructura con capacidad suficiente, pero también abordar las amenazas que afectan el funcionamiento de las cadenas de suministro.
Robo de carga y crimen organizado
Uno de los principales problemas identificados corresponde a la seguridad en el transporte terrestre. La inseguridad en las rutas reduce la disposición de los conductores a operar durante la noche, situación que limita el aprovechamiento de la infraestructura disponible y dificulta la implementación de un tercer turno en carreteras, centros de origen y destinos de carga.
Para enfrentar esta situación, el Ministerio de Transportes desarrolla controles en zonas cercanas a los puertos junto con la Subsecretaría de Prevención del Delito y el plan de logística colaborativa. También se analizan nuevas áreas de descanso seguras y modelos de operación que incorporen mecanismos de control de acceso y mejores condiciones para los transportistas.
El combate al crimen organizado y el contrabando constituye otro de los focos de la estrategia. La propuesta considera aumentar el porcentaje de carga sometida a revisión mediante sistemas de perfilamiento de riesgo, de manera que una mayor fiscalización no genere impactos innecesarios sobre la eficiencia de las operaciones.
En este ámbito, Aduanas tendrá un papel relevante, junto con la incorporación obligatoria de nuevos escáneres en futuras concesiones portuarias y la búsqueda de soluciones para implementar estas tecnologías en contratos actualmente vigentes.
La coordinación de información entre organismos públicos también forma parte de la estrategia. El trabajo conjunto entre Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos, la Unidad de Análisis Financiero y Tesorería busca aprovechar los datos disponibles para detectar y desarticular redes vinculadas al crimen organizado.
A estas acciones se suman la tramitación de una ley de seguridad portuaria, medidas relacionadas con las cargas incautadas y programas de capacitación dirigidos tanto a funcionarios públicos como a actores privados.
Ciberseguridad y control de las cargas
La creciente digitalización de los procesos portuarios abre nuevas oportunidades, pero también incrementa la exposición a ataques informáticos. Por ello, Mackenna señaló que las próximas concesiones deberán incorporar exigencias específicas de ciberseguridad.
Entre las medidas consideradas figuran planes de continuidad operacional, sistemas de respaldo, mecanismos de detección temprana y capacitación para reconocer y reportar eventuales técnicas fraudulentas.
La trazabilidad y el control de acceso representan otro desafío. Tecnologías como biometría, cámaras, reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y RFID pueden implementarse de manera independiente o integrada para automatizar procesos, disminuir los riesgos asociados a controles manuales y reforzar la seguridad de los terminales.
Como ejemplo de avance tecnológico, el subsecretario destacó el nivel de automatización desarrollado en Valparaíso mediante SilogPort, aunque advirtió que la situación continúa siendo desigual entre los distintos puertos del país.
La estrategia contempla además utilizar información anticipada sobre cargas, conductores, camiones y contenedores para mejorar la planificación y capacidad de control. En paralelo, el Gobierno busca avanzar en el proyecto de ley de pesaje y prepara una iniciativa relacionada con el transporte terrestre de carga, con énfasis en su ordenamiento y formalización.
Una agenda coordinada
El fortalecimiento institucional será fundamental para evitar que las distintas medidas operen de forma independiente. En la última sesión del CONALOG, la seguridad y el combate al crimen organizado fueron definidos como prioridades, con la intención de coordinar iniciativas que posteriormente puedan incorporarse en contratos y procesos de licitación de empresas portuarias.
Mackenna señaló que la agenda de seguridad contra el crimen organizado, liderada por el Ministerio de Seguridad, contempla más de 10 medidas relacionadas con la actividad logística. La definición de responsables y plazos apunta a transformar estas propuestas en acciones concretas y facilitar su seguimiento.
El subsecretario también destacó la importancia de adaptar la política logística a las particularidades de cada territorio. Gobernanzas locales, corredores bioceánicos y comunidades logísticas serán relevantes para implementar las políticas nacionales de acuerdo con las necesidades de las distintas regiones.
De esta manera, el Gobierno busca abordar la seguridad logística desde una perspectiva integral, combinando prevención del delito, tecnología, trazabilidad, coordinación entre organismos y fortalecimiento institucional para mejorar la eficiencia y resiliencia de las cadenas de suministro en Chile.
Nota Editorial: *Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
Fuente: agendalogistica.cl
