Aprobación del Proyecto de Ley de Cabotaje Marítimo genera polémica entre el Gobierno y el sector de transporte
La Comisión de Trabajo del Senado aprobó ayer el proyecto de Ley de Cabotaje Marítimo, con tres votos a favor, uno en contra y uno en abstención. La iniciativa, que permite a las navieras extranjeras transportar carga entre puertos chilenos, tiene como objetivo abaratar los costos de transporte y mejorar la competitividad del sector logístico marítimo, que actualmente está limitado a navieras nacionales.
El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, celebró la aprobación, destacando que el proyecto no solo fortalecerá la competitividad, sino que también incentivará la creación de nuevas empresas navieras nacionales e incentivará la inversión de capitales extranjeros. “Este avance será clave para fomentar más empleo y mejorar el sector logístico”, señaló.
Por su parte, el ministro de Economía, Nicolás Grau, explicó que la Ley de Cabotaje Marítimo contribuirá a un transporte más económico, ecológico y con mayor empleo nacional. “Fortalecerá la logística y el trabajo portuario, permitiendo un sistema más eficiente y sostenible. Este es un paso fundamental para el desarrollo productivo del país”, agregó.
Discrepancias con el sector de transporte
Sin embargo, la aprobación del proyecto no ha estado exenta de controversia. La Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) expresó su preocupación por el avance de la ley, acusando al Senado de aprobar la norma sin consultar adecuadamente a los sectores productivos afectados. El presidente de la CNTC, Sergio Pérez, advirtió que el proyecto podría generar un oligopolio en el transporte de carga por carretera, lo que afectaría la competitividad y el abastecimiento.
También le puede interesar: Red de Movilidad amplía su cobertura con nuevos recorridos y mejoras en trazados
Pérez subrayó que permitir la entrada de grandes conglomerados internacionales al mercado podría dejar fuera de competencia a las empresas nacionales, lo que se traduciría en despidos masivos y una “profunda” pérdida de empleos. Además, aseguró que el proyecto amenaza con crear una posición dominante para las navieras extranjeras, afectando negativamente a las empresas nacionales y provocando un “terremoto laboral” en el país.
El secretario general de la CNTC, Iván Mateluna, también criticó el proceso legislativo, alegando que la tramitación acelerada de la ley impide un análisis profundo de sus consecuencias. “El Gobierno y algunos parlamentarios no están tomando en cuenta los efectos económicos y sociales que esta ley tendría para los sectores productivos”, declaró Mateluna.
Beneficios para las Mipymes y la eficiencia logística
Desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, se destacó que el proyecto tiene como objetivo reducir las tarifas de los fletes por contenedor entre un 17% y un 35%, lo que beneficiará especialmente a las pequeñas y medianas empresas (Mipymes) importadoras y exportadoras. Asimismo, se espera que la ley permita una mayor eficiencia logística, reducción de emisiones contaminantes y disminución de la congestión vial.
También le puede interesar: Nuevo regulador de flujo para camiones en San Antonio promete mejorar logística y reducir congestión
El Gobierno también subrayó que, a pesar de permitir la participación de navieras extranjeras, el proyecto mantiene la obligación de que tanto el capitán como el 100% de la tripulación sean chilenos, lo que garantizaría empleo para los trabajadores nacionales.
El proyecto de Ley de Cabotaje Marítimo sigue avanzando en el Senado, tras haber sido aprobado en las comisiones de Transporte, Pesca y Trabajo. Ahora, el proyecto pasará a votación en la sala del Senado, donde se decidirá su futuro.
Próximos pasos y reacciones
El debate sobre la Ley de Cabotaje Marítimo está lejos de concluir. La CNTC ha señalado que continuará movilizándose para exigir que se reconsideren los posibles efectos negativos de la iniciativa, especialmente en el ámbito laboral y económico. A medida que el proyecto avanza en su tramitación legislativa, el Gobierno espera que se concrete una normativa que impulse la competitividad y beneficie tanto a las empresas como a los consumidores, sin poner en riesgo los intereses de los trabajadores nacionales.
