Chile vuelve a situar la electromovilidad en el centro del debate energético con la nueva Ruta Energética 2026-2030, donde la “electromovilidad en debate” se cruza con una agenda de ley miscelánea y actualización de la Estrategia Nacional de Electromovilidad 2030. El sector advierte que el desafío ya no pasa por definir diagnósticos, sino por acelerar la ejecución, la coordinación institucional y la implementación de infraestructura.
En este nuevo ciclo de planificación energética, el Ministerio de Energía ha incorporado el Transporte de bajas emisiones como eje prioritario dentro de su hoja de ruta 2026-2030. En ese marco, la Acción N°18 establece el impulso directo a la electromovilidad y a tecnologías de menor impacto ambiental, consolidando una agenda que combina regulación, inversión e infraestructura.
Lea también: Andesmar refuerza su operación en Chile con nueva flota y foco en la experiencia del pasajero
La propuesta gubernamental contempla dos pilares centrales: la tramitación de una ley miscelánea orientada a destrabar obstáculos normativos y la actualización de la Estrategia Nacional de Electromovilidad 2030, instrumento que busca ordenar y acelerar el despliegue del transporte eléctrico en el país.
Desde la Asociación de Vehículos Eléctricos de Chile (AVEC), el enfoque es claro: el país ya dispone de bases suficientes y el foco debe trasladarse a la implementación efectiva. Su presidente, Rodrigo Salcedo, sostiene que la discusión debe abandonar la fase conceptual para concentrarse en resultados concretos.
En su visión, la señal es positiva siempre que la actualización normativa no implique reiniciar procesos ya avanzados, sino fortalecer lo construido hasta ahora. Para el gremio, el verdadero cuello de botella está en la capacidad de ejecución y en la coordinación entre actores públicos y privados.
La electromovilidad en Chile ya cuenta con una estrategia nacional vigente desde su actualización en 2021, la cual establece metas ambiciosas hacia 2035, incluyendo la transición total de ventas de vehículos livianos y medianos a cero emisiones, así como la electrificación completa del transporte público, taxis, colectivos y maquinaria mayor.
Sin embargo, el sector reconoce que el cumplimiento de estas metas depende de variables aún en desarrollo. Entre ellas destacan la expansión de infraestructura de carga, la interoperabilidad de sistemas, el acceso a financiamiento, la formación de capital humano especializado y la modernización de redes eléctricas.
De acuerdo con datos oficiales difundidos en el marco del proceso de revisión de la política energética, la estrategia vigente presenta un avance cercano al 80% en sus medidas, aunque persisten brechas relevantes en infraestructura, regulación y equidad territorial.
Uno de los elementos más discutidos en esta nueva etapa es el alcance de la ley miscelánea anunciada por el Ejecutivo. Para el sector privado, su valor dependerá de su capacidad de resolver problemas operativos que hoy ralentizan la adopción de vehículos eléctricos.
Entre los puntos críticos mencionados se encuentran la instalación de cargadores en edificios residenciales, la agilización de permisos, la conexión a redes eléctricas, la interoperabilidad de plataformas, los incentivos a flotas eléctricas y el desarrollo de estándares técnicos y de seguridad.
La agenda legislativa presentada ante el Senado ya considera parte de estas materias, incluyendo la expansión de la red pública de carga en rutas, beneficios asociados al permiso de circulación para vehículos eléctricos y la implementación de tarifas eléctricas diferenciadas para fomentar la electromovilidad.
Asimismo, se proyecta una reforma del sistema de distribución eléctrica con el objetivo de dotarlo de mayor flexibilidad y digitalización, incorporando nuevos actores como la generación distribuida, la gestión de demanda y los sistemas de almacenamiento energético.
Este punto es considerado estratégico, ya que el despliegue de infraestructura de carga rápida, electroterminales y hubs para flotas dependerá tanto de la capacidad técnica como de la agilidad regulatoria y de planificación del sistema eléctrico.
En paralelo, la Agencia de Sostenibilidad Energética ha confirmado su participación en mesas de trabajo con el Ministerio de Energía, contribuyendo al diseño de esta agenda de transformación.
Desde una perspectiva más amplia, el debate también incorpora la dimensión de seguridad energética. Chile mantiene una alta dependencia de combustibles fósiles importados, lo que expone al país a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, el diésel y la gasolina.
En este contexto, la electromovilidad se plantea no solo como una medida ambiental, sino también como una herramienta para reducir vulnerabilidades económicas, fortalecer la matriz energética renovable y disminuir la exposición a shocks externos.
Otro eje relevante es la necesidad de dar señales claras a la inversión de largo plazo. El desarrollo de infraestructura de carga, almacenamiento energético y transporte pesado eléctrico requiere capital intensivo y estabilidad regulatoria.
El debate legislativo en curso en Chile, que incluye instrumentos de incentivo a grandes inversiones, es observado por el sector como un complemento relevante para acelerar proyectos asociados a minería, energías renovables, litio, hidrógeno verde y redes eléctricas inteligentes.
En términos territoriales, la distribución de infraestructura sigue siendo un desafío. De los más de 1.300 cargadores públicos existentes en el país, la gran mayoría se concentra en la Región Metropolitana, lo que evidencia la necesidad de un despliegue más equilibrado hacia regiones.
La implementación de la Estrategia Nacional de Electromovilidad 2030 será clave para corregir estas asimetrías y avanzar hacia una red de carga más descentralizada, capaz de acompañar la expansión del parque vehicular eléctrico en todo el territorio.
Para el sector, la actual Ruta Energética debe consolidarse como un marco de continuidad que ordene prioridades y acelere la ejecución de políticas ya definidas, evitando la duplicación de diagnósticos y enfocándose en resultados medibles.
“Desde AVEC vemos esta nueva etapa como una oportunidad para consolidar una política de Estado”, concluyen desde el gremio.
Nota Editorial: Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
