En una votación que ha desatado controversias, el Congreso aprobó en general el proyecto que establece un nuevo marco de financiamiento para el transporte público. La iniciativa, que generó un acalorado debate, fue aprobada con 113 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención. Sin embargo, la polémica surgió a raíz de la denuncia de la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), que advirtió que la normativa podría desviar fondos cruciales de las comunas rurales de la Región Metropolitana.
El nuevo marco de financiamiento para el transporte público busca modernizar y optimizar los recursos destinados a este sector. Según la Cámara de Diputados, la propuesta incluye nuevas obligaciones para el panel de expertos, amplía las facultades del Ministerio de Transportes, reestructura el Fondo de Apoyo Regional (FAR) y crea transportes públicos regionales.
La moción, presentada mediante el boletín 15140, también introduce un subsidio fiscal destinado a compensar las diferencias entre ingresos y costos de operación de los servicios de transporte público remunerado de pasajeros. Este subsidio es una de las piezas clave del proyecto, pues busca asegurar la viabilidad económica de los sistemas de transporte, especialmente en áreas con menor densidad de población.
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Uno de los puntos más destacados del proyecto es el aumento del subsidio para el transporte público en la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, elevando la cifra de 380 a 492 mil millones de pesos anuales. Además, se prevé una inyección equivalente de fondos para el resto de la Región Metropolitana, excluyendo las zonas mencionadas, y para las demás regiones del país.
Este incremento en los subsidios ha sido recibido con alivio por muchas comunas urbanas, que ven en este proyecto una oportunidad para mejorar significativamente la calidad y cobertura del transporte público. Sin embargo, las comunas rurales han levantado la voz de alarma, temiendo que la redistribución de fondos pueda perjudicarlas.
El nuevo marco de financiamiento para el transporte público presenta una oportunidad única para mejorar la infraestructura y los servicios de transporte en muchas regiones del país. No obstante, es crucial que se logre un equilibrio justo en la distribución de los fondos. Las preocupaciones expresadas por la AMUR no deben ser subestimadas. Las comunas rurales, que ya enfrentan numerosos desafíos en términos de acceso y calidad de servicios, podrían ver sus recursos aún más limitados si no se tiene cuidado en la implementación de esta normativa.
Es evidente que el transporte público en áreas urbanas densamente pobladas requiere una atención urgente y una inversión significativa. No obstante, esto no debería ser a expensas de las comunas rurales, que también necesitan apoyo para desarrollar sistemas de transporte eficientes y sostenibles. El desafío para la Comisión Mixta, encargada de revisar y ajustar el proyecto, será encontrar un balance que satisfaga las necesidades de todas las regiones sin despojar a ninguna de los recursos esenciales.
La creación de un nuevo marco de financiamiento para el transporte público es un paso necesario y positivo para modernizar el sistema y hacerlo más eficiente. Sin embargo, este proceso debe ser inclusivo y equitativo. La atención a las diferencias regionales y la consideración de las necesidades específicas de las comunas rurales serán cruciales para el éxito del proyecto.
La Comisión Mixta tiene ahora la tarea de afinar los detalles y garantizar que la distribución de fondos sea justa y equitativa. Solo así se podrá avanzar hacia un sistema de transporte público que beneficie a todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia. En última instancia, el objetivo debe ser un transporte público que sea accesible, eficiente y sostenible para todos.
Fuente: Chicureo Hoy
