El Gobierno reenvía la “Ley Uber” a la Contraloría tras correcciones, generando críticas en el Senado
El Gobierno ha dado un nuevo paso en la implementación de la denominada “Ley Uber” al reingresar el reglamento a la Contraloría General de la República, después de realizar una serie de correcciones al documento. Esta normativa, que fue aprobada en 2022 y promulgada en 2023, aún no ha podido ser implementada debido a la falta de reglamentación adecuada.
El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, encabezado por el ministro Juan Carlos Muñoz, ha ajustado el documento para ordenar los alcances de la ley, la cual regula el transporte público en el país. Estos cambios buscan despejar las dudas y ordenar la normativa que, aunque cuenta con el respaldo legislativo, aún está en proceso de ejecución.
Sin embargo, el reingreso del reglamento a la Contraloría ha generado malestar en algunos sectores del Senado. El senador Alejandro Kusanovic, de la bancada de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, expresó su disconformidad al señalar que el Decreto 112, que regula el transporte público, no tiene coherencia con la “Ley Uber”. Según Kusanovic, ambas normativas no logran integrarse correctamente, lo que genera complicaciones en su aplicación.
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Por su parte, el senador Juan Luis Castro, del Partido Socialista y también parte de la comisión, hizo un llamado al Gobierno para que no dilatara más el proceso, considerando que la demora ha afectado la claridad y efectividad de la ley.
El senador independiente Karim Bianchi fue más directo en sus críticas, acusando al Gobierno de haber ralentizado intencionalmente el proceso, lo que, según él, perjudica a los trabajadores y usuarios del transporte en el país.
Con la ley nuevamente en manos de la Contraloría, se espera que la entidad realice una nueva revisión del reglamento. Una vez aprobada, la normativa avanzará hacia la toma de razón, lo que permitirá su publicación en el Diario Oficial. Según las estimaciones, este proceso podría concretarse en las próximas semanas, lo que permitiría finalmente la implementación de la “Ley Uber” en el país.
Este episodio resalta las tensiones políticas y técnicas que aún persisten en torno a la regulación de plataformas de transporte en Chile, y plantea interrogantes sobre cómo se manejarán los intereses en juego entre el gobierno, los legisladores y las empresas del sector.
